Intervención en Pleno 19 de marzo de 2013. "Lucha contra la corrupción"

Es necesario partir de la necesidad, sentida en amplios sectores de la sociedad, de encarar, de una vez por todas, la problemática de la corrupción política. En la coyuntura actual, existe una innegable sensibilización social sobre este tema. Las encuestas del CIS, insistentemente, nos recuerdan este dato. Según el Barómetro del CIS del mes de enero, el 77,4% de los encuestados califican la situación política de España de Mala o Muy mala, el 43% cree que es peor que hace un año y el 33% cree que el año que viene será aún peor. Al enumerar los principales problemas del país en la actualidad, la corrupción y el fraude ocupan el cuarto lugar y los partidos políticos y la política en general el tercero, sólo después del paro y los problemas de índole económico.

Estos datos han sufrido modificaciones evidentes tras el conocimiento del denominado “caso BÁRCENAS”: en el barómetro de febrero la corrupción constituye ya el segundo mayor problema del país para los ciudadanos y todo ello ante la pasividad y el silencio del Gobierno y del partido que lo sustenta.


En definitiva, el problema de la corrupción, que arrastramos desde la “burbuja inmobiliaria” ha acabado afectando negativamente a los partidos políticos e, incluso, a las instituciones del Estado democrático.

Hace unos años, el CIS ya mostraba una opinión de los ciudadanos desfavorable hacia los políticos, pero no hacia la Política y la Democracia (cosa que pasa en otras regiones del mundo como en parte de Iberoamérica). Pero ese punto de inflexión se está dando y cuando se llega a ese grado de desafección tiene un punto de no retorno ciertamente peligroso. No puede ser que sea la propia Democracia la que se cuestione, porque entonces estaremos instalados en la antipolítica.

Esta corrupción que sufre el país nos afecta a todos y nos desprestigia a todos. Es más, tiene un efecto devastador en todos aquellos que actúan conforme a la ley y que cumplen con sus obligaciones. La “amnistía fiscal” ha hecho mucho daño también en este sentido.

Por todo ello, el grupo parlamentario socialista está plenamente de acuerdo en la absoluta necesidad de abordar este tema cuanto antes, YA!, para ser más precisos.



En los 8 años de gobierno socialista se impulsaron reformas del CP, se fortaleció la prevención del fraude fiscal y del blanqueo de capitales, endurecimos la regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos cargos de la AGE, mejoramos la ley de contratos del sector público, la de financiación de partidos políticos o la reforma de la ley del suelo, entre muchas otras cosas.

Y también, al margen de reformas normativas, se incrementó el número de Juzgados y de efectivos en la Fiscalía Anticorrupción y, en el ámbito del Ministerio del Interior, se creó el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado y se introdujeron importantes actuaciones de mejora de sus sistemas de información.


Se hizo mucho, pero claramente insuficiente. Somos tan conscientes de esta insuficiencia que en el último Debate del Estado de la Nación propusimos nuevas y concretas medidas de lucha contra la corrupción. Las propusimos con la intención de llegar a un amplio acuerdo con todas las fuerzas políticas. No fue posible. El Grupo Popular votó en contra de todas las propuestas presentadas por el resto de grupos.


El GPS, consciente de la desafección creciente de la ciudadanía quiere hacer su aportación positiva. No se trata de no abordar o no hablar de esta desafección, pero nos parece necesario destacar que lo que no se puede compartir ni alimentar, de forma demagógica, es la desconfianza y la crítica constante hacia la política y los políticos en general. No haría sino perjudicar la legitimidad y fortaleza de nuestro sistema democrático.


Cualquier medida que vaya dirigida a fortalecer, enriquecer y generar confianza en la relación entre gobernantes y gobernados o representantes y representados ha de ser compartida. Los ejemplos son infinitos: reforma electoral para mejorar la representatividad del sistema; mejora y multiplicación de los mecanismos de participación directa de la ciudadanía en las instituciones o la regulación de la transparencia y la rendición de cuentas de las Administraciones, por poner algunos ejemplos.



El grupo parlamentario de Izquierda Plural ha presentado una Proposición de Ley Orgánica para la lucha contra la corrupción que plantea, con este objetivo, la reforma de numerosas leyes.

Una de las virtudes que tiene la iniciativa que debatimos hoy, y sin ánimo de entrar en el contenido concreto que se recoge en ella, es que aborda los cuatro ejes donde principalmente se pueden producir casos de corrupción:

• Financiación de partidos políticos

• Urbanismo

• Contratos en el sector público

• Ayudas o subvenciones


Por todo lo expuesto el criterio del GPS para la toma en consideración de esta Proposición de Ley es favorable.

Acabo con cuatro ideas que me gustaría compartir con el resto de los grupos parlamentarios:


Las reformas contra la corrupción no abordan todo el problema. Son medidas necesarias, pero no son todas las que tenemos que adoptar. Solo con ellas no se gana la confianza de los ciudadanos. Para ello, necesitamos reformas en distintos ámbitos que recompongan, como ya he dicho, la relación entre representante y representado. La desafección hacia la política es más compleja y afecta a más cosas y debemos ser conscientes de ello.


Las reformas legales y la mejora del ordenamiento jurídico están bien. De hecho, lo hemos abordado desde hace años, hemos tipificado más conductas, hemos endurecido regimenes de incompatibilidades, hemos elevado penas… y sin embargo, constatamos que no es suficiente. Deberíamos iniciar una reflexión profunda para explorar otras vías de actuación.

En la lucha contra la corrupción hay que empezar cuanto antes mejor. Hay que ir rápido en la toma de medidas concretas, porque el diagnóstico lo tenemos hecho. Crear una ponencia en la Comisión de Reglamento, crear una Subcomisión en el marco de la Comisión Constitucional o seguir con el grupo de trabajo impulsado por el gobierno en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales no nos puede llevar a la inactividad.

Pero sobre todo, las medidas adoptadas tienen que reflejarse en un cambio de actitudes. No se trata únicamente de no incurrir en la ilegalidad, sino en ejercer el poder con responsabilidad y con ejemplaridad.

Y finalmente, creo que este tema, como otros, compete a todas las fuerzas políticas, mucho más cuando la situación económica general está tan degradada y, en cambio, el partido del Gobierno parece que no quiere ser consciente de ello. El PP ha decidido limitar su legitimidad a la mayoría absoluta parlamentaria que tiene, que no es poco, por supuesto, pero claramente insuficiente cuando estamos hablando de este tema. Les pido más ambición y más generosidad. No abordar esto con consenso no nos permitirá solucionar este grave problema que afecta a la esencia de la Democracia.

SOBRE LA INDEPENDENCIA DE CATALUNYA: UNA APROXIMACIÓN

Partiendo de una perspectiva jurídica, en primer lugar, hay que descartar el derecho internacional como derecho aplicable al caso. Así, hay que hablar de secesión y en ningún caso de autodeterminación.

Para referirnos al derecho de autodeterminación hay que acudir a la Carta de Naciones Unidas (artículos 1.2 y 55 principalmente) y al documento explicativo de la Carta donde explícitamente se apunta que en ningún caso el articulado ofrece un reconocimiento del derecho de secesión. La Resolución 2625, entre otras, reitera que en la Carta de Naciones Unidas no hay ningún derecho de secesión.

Así, la autodeterminación como concepto propio del derecho internacional establece un marco en el que en ningún caso Catalunya se encuentra y por ello no le es aplicable: estamos en un Estado democrático y de derecho. No estamos, en otras palabras, ni en un supuesto de vulneración de Derechos Humanos, ni de dominación colonial, ni estamos privados del ejercicio democrático interno (elecciones periódicas, autogobierno…).

Dicho esto, y siempre en el plano jurídico, debemos acudir al derecho constitucional. Lo primero que nos interesa conocer es que no hay constituciones escritas que reconozcan de manera explícita el derecho de secesión de una de sus partes. Seguramente es pertinente, después de esta constatación, preguntarnos el porqué en más de dos siglos de historia el constitucionalismo democrático no nos ofrece ejemplos en esa dirección.
De hecho, en el proceso de aprobación del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa (finalmente rechazado en referéndum por Francia y Holanda, cosa que dio lugar al actual Tratado de Lisboa) uno de los argumentos que se utilizó para defender que se trataba en realidad de un Tratado internacional y no de una Constitución es que en su artículo I-60 (actual 35) se permite a los Estados miembros la retirada voluntaria de la UE. Algunos autores destacaron que esa era precisamente la línea que separa una “Unión de Estados” de un “Estado Federal”.
Tres son las razones que nos pueden ayudar a entender el porqué los textos constitucionales no incluyen el derecho de secesión en su texto:

1. el Estado cuando se constituye (la Constitución como norma constitutiva de esa realidad) lo hace con vocación de perpetuidad (así lo dijo ya Lincoln en su discurso de toma de posesión como Presidente de EEUU en marzo de 1861)

2. el Estado busca permanencia y estabilidad. El mero hecho de preveer una cláusula de ese tipo generaría inestabilidad.

3. en momentos clave de toma de decisiones estratégicas por parte de un Estado podría actuar como cláusula de chantaje de una de las partes del territorio.


Así pues, parece que el derecho constitucional tampoco nos ofrece excesiva claridad a la hora de intentar resolver situaciones en las que una parte de un Estado quiere formar un nuevo Estado. De hecho, en todos los casos que podemos ver a nuestro alrededor (pienso especialmente en Escocia y Canadá) la solución tiene un fundamento político y no jurídico. Así, hay una base negociada entre las partes, en la que la dimensión social debe ser prioritaria. En definitiva, poner de manifiesto algo que sabemos y es que la cuestión que estamos tratando no es meramente jurídica y por ello la solución que ofrezcamos tampoco lo puede ser.


CATALUNYA COMO ESTADO INDEPENDIENTE Y LA UNIÓN EUROPEA

Me centraré en tres cuestiones: 1) Catalunya quedaría fuera de la UE; 2) si quisiera formar parte de la UE Catalunya debería iniciar un proceso de adhesión y; 3) los ciudadanos de Catalunya (y del resto de España) sufrirían consecuencias muy negativas durante un tiempo indefinido en distintos ámbitos.
1. Catalunya quedaría fuera de la UE y del resto de Organismos Internacionales.

Si bien es cierto que no hay ningún antecedente que nos pueda servir de referencia para llegar a esta afirmación, sí tenemos algunas respuestas formales que la Comisión europea ha tenido oportunidad de responder.
En febrero de 2004 la eurodiputada galesa Morgan formuló la pregunta explícita a la Comisión sobre una eventual independencia de una parte de un Estado miembro. La respuesta de Prodi fue inequívoca: “cuando una parte del territorio de un Estado miembro deja de formar parte de ese Estado los Tratados se dejan de aplicar a ese nuevo Estado”.
En abril de 2012 otra europarlamentaria, Mara Bizzoto, presentó una iniciativa ciudadana europea pidiendo a la Comisión la tramitación de una propuesta de ley para poder “ampliar internamente” la UE sin pasar por el procedimiento de adhesión. La respuesta entonces de Day-al fue rechazar de plano la tramitación de esta propuesta por considerar que estaba fuera de las competencias de la UE. Además, apuntó las siguientes dos consideraciones: a) la ciudadanía europea va asociada solo a la nacionalidad de un Estado miembro, si ésta se pierde también se pierde automáticamente la europea, b) si hay secesión de una parte esta parte quedaría fuera de la UE.
En noviembre de 2012, finalmente, el Secretario de Estado para la UE, Íñigo Méndez de Vigo ha mandado una carta a la Comisión planteando el tema. La comisaria Reding enmendándose a ella misma tuvo que reconocer, por escrito, que efectivamente un eventual estado independiente debería pasar todo el proceso previsto en los Tratados para volver a formar parte de la UE.


2. Catalunya debería iniciar el proceso de adhesión.

El artículo 49 del Tratado de la Unión Europea prevé la solicitud de adhesión que debe realizar cualquier tercer Estado que quiera ingresar en la Unión. Allí se indica que para la admisión se deberán cumplir las condiciones establecidas por el artículo 2, además de las condiciones objetivas (los criterios de Maastricht) y aquellas que se fijen para el caso concreto. En este sentido, dos apuntes: en primer lugar, para evaluar si cumplimos el artículo 2 del Tratado tenemos que tener, al menos, una Constitución (en otras palabras, hasta que no tuviéramos un texto constitucional no podrían hacer esa evaluación), y en segundo lugar, en estos momentos Catalunya no cumpliría las criterios de Maastricht, aunque es cierto que no lo hacen la inmensa mayoría de los Estados miembros por la situación de crisis económica.
En segundo lugar, Esta solicitud debe obtener el voto unánime del Consejo (recordemos, el voto por tanto de los gobiernos de los 27 Estados miembros), previa consulta a la Comisión y la aprobación por mayoría absoluta del Parlamento europeo.
Finalmente, una vez superado el trámite en las tres instituciones europeas hace falta la ratificación de esa solicitud de adhesión de cada uno de los Estados miembros uno a uno, mediante el procedimiento que en su derecho interno se contemple (voto en el Parlamento, referéndum…). Por ejemplo, hace unas semanas en España se votó por el Parlamento la solicitud de Croacia.

Todo lo descrito hasta aquí es solo para admitir a trámite la solicitud de adhesión, después vendría el proceso de adhesión propiamente. Está claro, pues, que no son las 48 horas que el Presidente de la Generalitat anunció. De hecho, seamos realistas, la UE es incapaz de tomar ninguna decisión en 48 horas.


3. Los ciudadanos de Catalunya (y del resto de España) sufrirían consecuencias muy negativas durante un tiempo indefinido en distintos ámbitos.

No quiero alargarme en este apartado, que requeriría un análisis más cuidadoso. Me limitaré a listar algunos aspectos sobre los que habría una incidencia clara:

En el ámbito institucional

Se perdería la ciudadanía europea,

Se perdería la representación en las instituciones de la UE y

La pertenencia en el resto de organismos internacionales.


En el ámbito económico

No se aplicaría la libre circulación de mercancías (esto podría suponer el establecimiento de aranceles o restricciones cuantitativas…)

No se aplicaría la libre circulación de empresas

No se aplicaría la libre prestación de servicios


En el ámbito social

No habría libre circulación de personas y trabajadores

Desaparecerían los fondos y los subsidios (por ejemplo, la PAC)

Habría que volver a negociar la entrada en el programa Erasmus

Vemos pues como esta dimensión social, sin duda la prioritaria, requiere mucho más tiempo para su evaluación, aunque ya se intuye el impacto que podría tener para todos nosotros.

ÚLTIMA REFLEXIÓN

Frente a este análisis encontramos reacciones de distinta naturaleza por parte de líderes de otros partidos políticos:

1) la negación: “esto no es así, porque no puede ser así” confundiendo los deseos con la realidad, pero sin aportar ni un antecedente, ni un dato, ni una norma que desmienta lo expuesto.

2) Acusar de hacer un discurso del miedo: yo diría que es más bien un discurso de la consciencia y del rigor y todo lo demás es vivir en un mundo irreal y querer confundir a la ciudadanía. Negar la realidad no la va a cambiar.

3) Ya negociaremos para que no sea así: porque el enfoque del problema, efectivamente (y en eso les doy la razón) es político, no jurídico. Pero, ¿de verdad alguien se puede creer que es más fácil negociar con la UE −sus instituciones más 27 Estados miembros entre los que está España− que solo con España para construir un Estado Federal?

LA POLÍTICA LO HACE POSIBLE

De un tiempo a esta parte las buenas noticias no han dejado de llegar desde Euskadi. Tiene especial valor ahora, cuando estas no abundan debido a la crisis y sus graves consecuencias. No voy a incurrir en el error de idealizar aquello que se observa desde la distancia, entre otras cosas porque no la siento así. No en balde quiero seguir compartiendo un espacio político común que nos permita seguir trabajando juntos. Por todo ello, voy a aportar la mirada de quien ve el bosque desde fuera, aprovechando la oportunidad que ofrece esta circunstancia.

¿Cómo se perfila ante mis ojos la Euskadi de hoy? Primero, como un lugar donde hay más libertad desde el fin del terrorismo. Aquellos que no hemos vivido la violencia en propia piel no somos capaces de dimensionar en sus justos términos lo que su fin ha supuesto. Se ha conseguido además sin ningún intento de capitalización del éxito y se ha priorizado así el éxito social al rédito electoral.

Segundo, es un territorio con más crecimiento económico debido a un esfuerzo colectivo. Todos -poderes públicos, empresarios y trabajadores- han hecho de la innovación y de la inversión en investigación ejes esenciales de su actuación. Ha habido acierto en la identificación de dónde se encontraba el valor añadido y cómo el captar conocimiento y apostar por los avances tecnológicos debían ser incorporados como prioridades.

En tercer lugar, ha sido posible, en consecuencia, una mayor cohesión social. Ese modelo económico más competitivo volcado en la generación de riqueza ha revertido después en la ciudadanía y su bienestar. Se ha mantenido una inversión social sobre el PIB en la media de la Unión Europea, muy por encima del resto de España; se prevé una renta básica de ciudadanía; hay un desempleo muy por debajo del resto del Estado, entorno al 12%. Y, además, el sistema educativo tiene unos resultados envidiables.

Cuarto, se ha trabajado para construir más sociedad y más ciudadanía. Lo mejor del Gobierno del lehendakari Patxi López han sido los intangibles: aligerar la atmósfera política con su “desnacionalización” y discutir sobre lo esencial: la política social, educativa, industrial o de inversión en innovación en una suerte de secularización de lo público frente a los que trasladan las reglas teológicas a la política.

Con todo, lo más destacable de la imagen que proyecta hoy Euskadi es que ha logrado estos activos sin deslumbramientos partidistas, ni acciones grandilocuentes. Ha sido consecuencia de algo que escuché a Felipe González cuando afirmaba que la política es “el arte de gestionar el espacio público que compartimos”. Y es que estos años de gobierno que han cambiado la faz de Euskadi han reflejado una concepción de la política en que las prioridades han descansado sobre la tenacidad en el trabajo; la búsqueda de la igualdad de oportunidades y la justicia social; la consagración de una libertad de todos y para todos, y siempre fiel al ideario del republicanismo cívico que sitúa al ciudadano en el corazón de las decisiones políticas.

Publicado el 5 de octubre de 2012 - Periódico Deia

Intervención - Comparecencia del Secretario de Estado de Administraciones Públicas para exlicar las líneas generales de actuación de su Departamento.

Señor presidente, creo que esta Comisión tiene como objetivo el control al Gobierno y espero que ejerza la Presidencia con generosidad, dada la amplitud de los temas tratados en la comparecencia. Señor secretario de Estado de Administraciones Públicas, señor Beteta, bienvenido a su Comisión en esta primera comparecencia que realiza en esta legislatura.

El Grupo Parlamentario Socialista quiere empezar trasladándole una preocupación, porque seguramente una de las cosas que compartimos todos los grupos parlamentarios de esta Cámara es la necesidad que tiene España de generar confianza frente a la Unión Europea y frente a los agentes económicos. Precisamente, uno de los parámetros fundamentales para la credibilidad de un país es el grado de fiabilidad de sus administraciones públicas que lo sostienen. Como usted decía, son la garantía de su solidez y de su estabilidad. En cambio, contrasta con lo que su Gobierno hace desde los cargos que ocupan, proyectando sombras de duda constantemente en todos los ámbitos que representan y que significan estas administraciones públicas.

Los funcionarios y los empleados públicos hacen más cosas, además de trabajar, y me refiero a comentarios que usted mismo hizo aunque después matizó. La Administración está sobredimensionada, hay demasiada estructura, hay demasiado personal, es ineficaz e ineficiente. En su comparecencia ha dicho literalmente que el buen funcionamiento sigue siendo un reto. Las comunidades autónomas serán intervenidas y no nos temblará la mano —en palabras suyas—, dando por hecho su mal hacer. Supongo que pensaba en el trabajo que usted hizo como consejero de Economía en la Comunidad de Madrid, porque extraviar 2.000 millones parece que no es muy fácil. Las entidades locales también sobran o tienen que fusionarse o son inviables o tienen que desaparecer o mermar su autonomía local, porque, al fin y al cabo, no son de fiar. Nos parece que este enfoque que afecta —como decía— a todos los ámbitos de su competencia no es un buen inicio en su trabajo en la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y precisamente porque solo llevamos seis meses de legislatura, desde el Grupo Parlamentario Socialista le pediríamos que cambiara esta actitud y que redireccionará un enfoque completamente distinto.

Vamos por partes. En mi intervención quiero hacer referencia a todos los temas que usted ha comentado, a la Función pública y a los empleados públicos, a la organización propiamente de la Administración pública, a la relación con las comunidades autónomas y a la relación con las entidades locales, y veamos que hay alternativas, que hay otra manera de hacer las cosas y que hay otros enfoques posibles. Sobre la Función pública, la verdadera mejora que se incluye en el Estatuto básico del empleado público es precisamente establecer y desarrollar un sistema de evaluación del desempeño. Usted solo ha hecho mención a ello cuando hablaba del estatuto del directivo, pero es que esta evaluación del desempeño precisamente lo que hace es asegurar una retribución variable asociada al mismo, al desempeño, algo que, sin proyectar sombras sobre el sistema actual, mejora la productividad, pues asocia directamente el gasto público con el cumplimiento de objetivos. Por ello el anterior Gobierno impulsó pruebas piloto y aplicación de esta evaluación del desempeño en distintos ámbitos. Nos gustaría saber cómo está este tema, porque después de las pruebas piloto lo que cabría esperar es que el Gobierno hubiera empezado a implantar de manera mucho más generalizada o al menos en determinados sectores esta evaluación del desempeño.

Por el contrario, el Gobierno exige —supuestamente— aumentar la presencia y los horarios —esa es su máxima obsesión—, pero sin proyectos en políticas públicas y sin ideas, lo cual a efectos de productividad parece un despropósito. Lo único que consigue esta medida, desde nuestro punto de vista, es precisamente la estigmatización del empleado público. Es pura y llanamente una medida punitiva que ahonda en su desprestigio; es trasladar a la ciudadanía que no trabajan lo suficiente. Tanto es así que una de las primeras medidas que su Gobierno aprobó fue un decreto-ley de diciembre de 2011 en el que establecía que el horario en la Administración General del Estado tenía que pasar de treinta y cinco a treinta y siete horas y media, ignorando por tanto totalmente que el horario en la Administración General del Estado ya era de treinta y siete horas y media. Pero no solo no hay rastro de la evaluación del desempeño, tampoco de un sistema de evaluación del cumplimiento de objetivos y una motivación de los recursos humanos para cumplir estos objetivos. Además ya previeron en los Presupuestos Generales del Estado la eliminación de la acción social y la disminución sustancial de las partidas para su formación. Usted ha hablado hoy de una mayor tecnificación. ¿Qué quiere decir? Porque si elimina la formación continúa que necesitan los empleados públicos, me parece que la tecnificación es difícil que se vaya a alcanzar. En definitiva, quiero trasladarle, señor Beteta, si de verdad se creen que así se conseguirá más eficiencia y calidad en la prestación de los servicios. Me gustaría saber cuál es la ganancia real de todas estas medidas impulsadas. Y por cierto, ¿van a recortar los sueldos de los funcionarios, como les recomienda el FMI, antes de fin de año? ¿Qué medidas va a tomar para la reducción de gastos de personal para 2013?

A todo esto le sumamos la regulación de una reforma laboral sobre despidos, a la que no quiero volver a hacer referencia porque se ha debatido en esta Cámara en otras ocasiones. La guinda ha sido la propuesta de resolución sobre ordenación del tiempo de trabajo personal al ser- vicio de la Administración General del Estado. En esta resolución —que ciertamente no ha sido aprobada todavía— se establece un código de buenas prácticas de los directivos públicos, que en realidad se resume simplemente al control del cumplimiento de los horarios, nuevamente haciendo que la gente sospeche sobre el cumplimiento de los horarios de los empleados públicos. Recoge el código de conducta que ya está establecido en el Estatuto básico del empleado público —por tanto en una ley, no entiendo por qué una resolución lo tiene que reproducir—. Afecta de plano a la conciliación. Se llenan la boca de ayuda a la natalidad, a los padres y madres que quieran tener hijos, pero hacen todo lo contrario cada vez que tienen ocasión aprobando alguna norma. Pretenden modificar extremos regulados por ley mediante esta resolución, como por ejemplo los días de antigüedad previstos en el artículo 51 de la Ley 53/2002. Señor secretario de Estado, no quiero ahondar en ello porque me imagino que está recibiendo un alud de sugerencias o de observaciones de todos los ministerios y que por tanto todo ello, y de manera mucho más extensa, ya se lo estarán trasladando.

En definitiva, en toda la secuencia de propuestas normativas que han impulsado hay una gran coherencia, que es el desprestigio de lo público, el estrangulamiento y la asfixia de las administraciones públicas, la devaluación del trabajo de los funcionarios y de los empleados públicos, promover el despido de los trabajadores, buscando por tanto una final privatización de los servicios públicos. El enfrentamiento que generan constantemente entre trabajadores del sector público y trabajadores del sector privado desde nuestro de vista es inadmisible, ya que merma la convivencia ciudadana y la visión positiva que las instituciones democráticas de nuestro país necesitan más que nunca.

Respecto al tema de las administraciones públicas también usted ha hecho referencia al incremento de personal, pero nunca especifica dónde ni en qué sectores se ha producido este incremento de personal. En todo caso, señor secretario de Estado, desde el Grupo Parlamentario Socialista no pensamos que las administraciones públicas de nuestro país estén sobredimensionadas o que sobren empleados públicos o que sobren administraciones públicas. (La señora Madrazo Díaz: Así estamos y así nos va). En absoluto, no lo están en comparación con Estados de nuestro entorno, según las estadísticas de la OCDE, pero tampoco lo están por las necesidades reales que los ciudadanos nos reclaman y necesitan cada día, máxime en una crisis económica, de servicios públicos a la altura para cubrir sus necesidades.

El anterior Gobierno implantó un cambio de modelo aprobando unas buenas bases que requieren desarrollo —y usted también ha hecho referencia a ello—, un Estatuto básico del empleado público. Ha hablado sobre una futura ley de empleados públicos o de una ley de Función pública de la Administración General del Estado y del estatuto del directivo. Nos ha hablado muy someramente de su contenido, por lo que, si puede ampliarlo, se lo agradeceríamos, y sobre todo nos gustaría que trasladase a la Cámara la previsión del calendario para estas normas.

Aprobamos también una Ley de Agencias que implicaba un cambio de paradigma de la evaluación del trabajo en el sector público, poniendo el énfasis en la obtención de resultados y en la rendición de cuentas. ¿Qué tienen previsto en esta materia? ¿Van a desarrollar esta Ley de Agencias? ¿Van a crear más? ¿Van a modificarla? ¿Van a optar por otra estrategia? También creamos la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos —ha hecho referencia a ello—, que ha permitido el desarrollo de un nuevo derecho, la agilización administrativa en muchos ámbitos y el mejor acceso de los ciudadanos a los servicios públicos, gracias a una inversión continuada y muy fuerte que se hizo durante los primeros años de su desarrollo. Usted nos ha hablado de un plan estratégico aprobado, pero nos gustaría conocer en qué consiste este plan estratégico y qué tienen previsto para culminar el desarrollo y la aplicación definitiva de esta Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Había asimismo en la anterior etapa un Plan de reducción de cargas administrativas y simplificación administrativa, que de hecho venía ligado a un acuerdo del Consejo Europeo de primavera de 2007, en el que se decidió convertir la simplificación administrativa en una de las líneas de acción prioritarias en la política económica europea. En concreto, se acordó reducir estas cargas administrativas en un 25% para 2012, lo que suponía para España más o menos 15.000 millones de euros. En diciembre de 2011, tras seis acuerdos de Consejo de Ministros y varias medidas más, habíamos alcanzado ya los 11.000 millones de reducción. Nos gustaría saber qué están haciendo para alcanzar ese objetivo marcado del 25%, que imagino que es uno de los elementos que más les preocupa, porque medidas como esta suponen realmente una reducción del coste de manera nítida, facilitan la vida al ciudadano, respetan acuerdos europeos —por tanto, aumento de confianza y de credibilidad ante Europa— y modernizan y mejoran el funcionamiento de nuestra Administración pública, que es el objetivo que tenemos todos.

Respecto a las comunidades autónomas, es verdad que usted aquí ha hecho una soflama en favor de las mismas, pero es verdad que siempre que se habla de ellas exclusivamente hablamos de duplicidades en la representación, duplicidades administrativas, duplicidades en las competencias. Ha vuelto a repetir lo de una Administración, una competencia. Señor Beteta, desde el Grupo Parlamentario Socialista le pedimos encarecidamente que dejen la brocha gorda. ¿Qué quiere decir esto de una Administración, una competencia? Empecemos a concretar las cosas porque no sabemos de qué estamos hablando y por tanto el debate es imposible en esos términos. ¿Que un ayuntamiento, una comunidad autónoma y eventualmente el Estado hicieran una guardería es una duplicidad, es un solapamiento? Porque no hay guarderías suficientes para todos los niños que hay en estos momentos en España. ¿Que las tres administraciones desarrollen acciones culturales es una duplicidad, es un solapamiento? ¿Que ejerzan y presten servicios sociales es una duplicidad o es un solapamiento? ¿De qué estamos hablando exactamente cuando habla de una Administración, una competencia? Por no recordarle que la inmensa mayoría de las competencias tienen distintas funciones ejercidas por distintas administraciones y esa es la esencia medular de nuestro Estado autonómico. Por tanto, ¿de que estamos hablando cuando decimos una Administración, una competencia? La frase, el eslogan, el titular está muy bien, pero es que llevan seis meses con el titular. Empecemos a concretar, por favor, señor secretario de Estado.

Respecto a las entidades locales, de manera muy somera nos ha anunciado una nueva ley reguladora de bases de régimen local ambiciosa, pero en realidad lo único que hacen es aplicar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, porque su ambición empieza y se agota con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Más allá de la sostenibilidad presupuestaria, la austeridad, la reducción del déficit y la reducción del gasto, no tienen ningún otro proyecto; de hecho, hasta incluso nos ha vuelto a explicar la Ley de Estabilidad Presupuestaria en su intervención, cosa que no habría hecho falta porque creo que todos nos la hemos leído reiteradamente.

Con los entes locales pasa exactamente igual, señor Beteta. La reclamación de fondo del mundo local, el consenso unánime que existe en la Federación Española de Municipios y Provincias va mucho más allá de lo que usted está planteando. ¿Para cuándo vamos a abordar los grandes retos del siglo XXI de la Administración local, señor Beteta? Porque lo que usted ha anunciado aquí no representa ni da respuesta a las necesidades, a los problemas de fondo y al diagnóstico que desde hace años se ha hecho ya en el mundo local.

Respecto del pago a proveedores, no le voy a decir gran cosa. Sabe que compartíamos la medida, aunque pensamos que ha estado mal gestionada, mal diseñada y que finalmente ha sido muy cara, por lo que ustedes se habían comprometido con las entidades locales, pero le quiero decir que este grupo parlamentario ha trasladado al Gobierno más de quince preguntas parlamentarias, solicitudes de información en aplicación del artículo 7 del Reglamento, y las respuestas que ha obtenido del Gobierno —se lo digo en esta Cámara y con toda claridad— son vergonzosas. Hay más información en el Plan nacional de reformas de la que ustedes han trasladado al Parlamento español y creo que un diputado de esta Cámara no tiene que recibir más información vía un plan nacional de reformas enviado a Bruselas que mediante las preguntas que, en este caso, esta diputada ha formulado al Gobierno.

En definitiva —y con esto acabo, señor presidente—, la confianza que queremos recuperar precisamente en Europa y de los agentes económicos no vendrá de la confianza en el Gobierno sino de la confianza en el país, y por eso denigrar instituciones, denigrar a los empleados públicos no genera confianza en nuestro país. Todas las reformas que han propuesto hasta ahora y las que ha expuesto en su intervención tienen, como le decía, un único objetivo, un objetivo economicista, pero —como usted también ha dicho en otras ocasiones— hay que hacer las cosas por convicción no por necesidad. Por tanto, entiendo que su única convicción es la austeridad, es la reducción del gasto y la reducción del déficit, pero no tienen más proyecto. Este Parlamento esperaba más de su Gobierno, esperaba un auténtico plan nacional de reformas en profundidad, de reformas que no tuvieran el único objetivo de reducir gastos, sino también el de abordar los retos que necesitan nuestras administraciones públicas del siglo XXI. Su horizonte reformista, para entendernos, se agota en los ajustes, desde nuestro punto de vista. Es un momento de crisis económica —es verdad— y esos ajustes son necesarios, pero precisamente porque estamos en un momento de crisis económica hay más miedos, hay más incertidumbres, hay más desigualdad, más marginación, menos cohesión social y más necesidades. Desde nuestro punto de vista, solo hay un camino para afrontar esto, que es más política, más diálogo, más debate, más acuerdos, más visión de futuro, más tiro de largo alcance y más reformas en profundidad que vayan a los orígenes de los problemas, no a parchear la realidad. No ser capaces de trascender la coyuntura, de ser conscientes de las necesidades de fondo de nuestro país, hacer caso omiso a los ofrecimientos de consenso y de trabajo conjunto con las fuerzas políticas, que este grupo parlamentario ha mantenido y seguirá manteniendo con su Gobierno, no dialogar con los funcionarios, con los sindicatos, con todo el sector, en definitiva, pensamos que es debilitar la política, es debilitar el sector público y debilitar el servicio público, y eso, nítidamente, es una opción ideológica que usted toma por convicción, como le gusta decir. (Aplausos).

Intervención 19-junio-2012

Intervención Congreso de los Diputados - Proposición no de Ley sobre el reconocimiento del genocidio armenio.

Armenia, después de una historia convulsa durante todo el siglo xx, en estos momentos y desde hace un tiempo ya intenta consolidarse como un Estado democrático creando las estructuras políticas, jurídicas, económicas y sociales propias de una sociedad moderna, pero los problemas siguen siendo muchos, continúa teniendo muchos problemas internos en todos los ámbitos: en el ámbito institucional político, en el económico, de déficit y garantías democráticas, problemas propios precisamente de un país que está construyendo su propia identidad y su propia transición hacia la construcción de ese Estado de derecho tan necesario para el desarrollo de cualquier país. Y también tiene problemas externos, con diversos conflictos abiertos: inexistencia de relaciones exteriores con Turquía —y este es un poco el objeto de la proposición no de ley precisamente—, la guerra enquistada en Nagorno-Karabaj, con el consiguiente enfrentamiento con su vecino Azerbaiyán, que provocan y suponen una gran inestabilidad en el país y una gran pérdida de oportunidades económicas para toda la región, y que suponen añadir más dificultades a esas dificultades internas que anunciábamos en un primer momento. Esa es la realidad actual, esa es la realidad con la que nos encontramos en estos momentos.

Sobre la propuesta que hoy nos trae el Grupo Mixto para que aprobemos en la Comisión de Exteriores de esta Cámara, creemos que sería mucho más útil trabajar en dos direcciones. En primer lugar, precisamente porque existen todas las dificultades actuales citadas que hacen difícil el desarrollo de Armenia como Estado y de sus avances en democracia, y puesto que se produjo recientemente precisamente la apertura de la embajada de Armenia en Madrid, que ha permitido fortalecer y estrechar las relaciones bilaterales, pensamos que es más útil trabajar en profundizar en estas relaciones bilaterales. Cómo? En primer lugar, intensificando los contactos técnicos y políticos entre los dos países, proponiendo para empezar iniciar contactos entre altos funcionarios. En ese sentido creemos que la Administración pública española podría colaborar en los sectores en los que goza de probada experiencia, como puede ser la Hacienda pública o el control fronterizo y aduanero, los servicios de emergencia, el turismo, etcétera.

En segundo lugar, pensamos que España y Armenia podrían intensificar las relaciones económicas. El primer paso lo dimos ya con la firma del convenio para evitar la doble imposición y estamos convencidos de que el volumen de intercambios actual no responde al potencial de nuestro país. Así, deberíamos favorecer algún proyecto de inversión española en Armenia que actuase un poco de faro para atraer otras inversiones futuras. La presencia empresarial española en Armenia es muy pequeña y es preciso fomentar los contactos empresariales para identificar los campos en los que pueden existir oportunidades mutuas de negocio. Hay sectores en los que las empresas españolas son punteras a nivel mundial, como en el caso de las infraestructuras, de la construcción, en materia energética, energía en general y también energía renovable, telecomunicaciones, tratamiento de aguas y residuos, etcétera, y la coyuntura económica actual precisamente puede ser una oportunidad para hacer un esfuerzo en esta dirección y el Gobierno podría aprovechar y actuar como facilitador para la externalización de nuestras empresas. Aquí es donde el Gobierno debería concentrar sus esfuerzos en esa relación que decía España-Armenia.

El segundo gran punto o la segunda línea de actuación que pensamos que vale la pena explorar, que vale la pena trabajar y en la que vale la pena invertir esfuerzo es en intentar que el conflicto lo resuelvan las partes involucradas, en este caso Armenia y Turquía. El Grupo Parlamentario Socialista reconoce que este es un tema sensible y que es un capítulo trágico y doloroso de la historia de Armenia, pero también sabemos que lo fundamental es el acercamiento entre ellos, el acercamiento entre los dos países; de hecho, el Gobierno socialista apoyó decididamente este acercamiento, que comenzó con la firma en octubre de 2009 de los protocolos de Zurich. Consideramos, por tanto, que corresponde a ambos países fijar cómo gestionar ese desencuentro, ese conflicto, para poner fin a los episodios que pertenecen a su historia y hacerlo de la manera que estimen más oportuna. Esa es la única fórmula desde nuestro punto de vista para el avance real en la resolución de este conflicto de hace ya un siglo. De hecho, podríamos encontrarnos paradójicamente con que la aprobación por esta Cámara de esta proposición no de ley podría tener el efecto contrario del que los proponentes —no me cabe ninguna duda— pretenden. No ayudaría a disminuir la tensión, ni a llegar a un entendimiento entre Turquía y Armenia, ni a resolver los conflictos de la zona, ni contribuiría a los esfuerzos que están realizando todos los países, los organismos y la comunidad internacional, empeñados como están en la resolución de los mismos.

En definitiva desde el Grupo Parlamentario Socialista creemos que nuestras prioridades deberían ser las dos que he anunciado, una, que Armenia consiga ser un estado democrático consolidado, fuerte institucionalmente, fuerte económicamente, y fuerte socialmente, y dos, que el diálogo y los acuerdos entre Armenia y Turquía sean posibles, puesto que solo así habrá una resolución del conflicto de verdad, con una pacificación, normalización y una estabilidad de la región en el tiempo. Un conflicto entre dos —tenemos convencimiento—, solo lo pueden resolver y principalmente lo tienen que hacer las dos partes implicadas. terceros podemos facilitar, podemos acompañar, podemos intentar propiciar ese acuerdo, pero acuerdo todo va a ser muy complicado.

Comisión de Asuntos Exteriores. 23 de mayo de 2012

Gastos de Personal de la Administración General del Estado y Otras Administraciones Públicas

Señorías, en el titulo III de los Presupuestos Generales del Estado se establece el gasto de personal de la Administración General del Estado y en parte también de las otras administraciones públicas, la autonómica y la local, puesto que tiene varios preceptos básicos. En estos Presupuestos Generales del Estado se les pide de nuevo un gran esfuerzo a los funcionarios y a todos los empleados públicos. Se dice que solo se les congela el sueldo, pero todos sabemos que hay una pérdida real de poder adquisitivo; no solo debido a la subida del IRPF o a la prohibición de aportaciones a planes de pensiones, sino también a otras afectaciones por la nueva regulación, por ejemplo, en sanidad o en educación. De hecho, con los datos en la mano podríamos decir que este título III tiende a la extinción; igual que ustedes harían desaparecer las administraciones públicas, también harán desaparecer pronto el título III de gastos de personal de los Presupuestos Generales del Estado. Pero precisamente por esa coyuntura absolutamente excepcional y por solicitar ese esfuerzo a los empleados públicos, pensamos que más que nunca el Gobierno debería poner en valor el trabajo imprescindible que desarrollan y que acometen cada día con profesionalidad todos los empleados públicos. El Gobierno debería poner el máximo esfuerzo para prestigiar a los trabajadores del sector público y no jugar a la confrontación con el sector privado. Este título III es la base, el fundamento para garantizar un sector público fuerte, un sector público capaz de afrontar las necesidades de los ciudadanos que menos tienen y un sector público capaz de garantizar la prestación de servicios públicos básicos. Desde el Grupo Parlamentario Socialista pensamos que el título III que presentan en estos presupuestos no responde a estas demandas. Entre otras cosas, la obligación de mantener una oferta de empleo público del 0 % no ofrece en absoluto esas garantías de un sector público fuerte que dé respuesta a los más necesitados y que dé garantías de prestación de servicios públicos.

En materia de administraciones públicas son muchos los retos que tenemos por delante. Algunos, es cierto, vienen dados por la coyuntura de crisis económica, pero otros son de carácter estructural. Por eso, el ejercicio de responsabilidad que debe hacer el Gobierno es imprescindible. Desde el Grupo Parlamentario Socialista, una vez más, ofrecemos esa responsabilidad, desde la oposición en este caso, conscientes del imprescindible consenso que se requiere en esta materia. Hago referencia solo a algunos de estos retos que percibimos con toda nitidez, que tenemos por delante y que tenemos que abordar con cierta premura. Son los siguientes. En primer lugar, hay una falta de recursos apropiados para llevar a cabo las políticas públicas que se quieren abordar y que la ciudadanía necesita. No pensamos que las administraciones públicas de nuestro país estén sobredimensionadas, en absoluto; ni lo están en términos comparativos con otros países ni lo están por las necesidades crecientes de los ciudadanos de recibir servicios por parte del sector público de nuestro país. Hay también un riesgo de privatización de la gestión de servicios públicos, fundamentalmente aquellos que constituyen el núcleo duro del Estado del bienestar, a partir del falso dogma de una mayor eficiencia de la gestión privada. En segundo lugar, manteniendo unas tasas de reposición del 0 %, será difícil que por parte de los empleados públicos se ofrezcan estos servicios. Por tanto, acabaremos cayendo irremediablemente en esta privatización. En tercer lugar, hay un problema también de pérdida de la consideración de la Administración como un elemento de cohesión social. En cuarto lugar, hay peligro de des-motivación de los empleados públicos, causada tanto por unas menores perspectivas de progreso en su carrera profesional como por la reducción de sus retribuciones, y ahora también tienen que soportar las frases de desprestigio que deslizan constantemente los miembros del actual Gobierno. Y hay también otro elemento preocupante, como es la desincentivación de posibles candidatos al acceso a la Función pública como consecuencia de las exiguas ofertas de empleo público, lo que puede llevar también a un envejecimiento y a una descapitalización de la Administración si la situación de reducción de las ofertas de empleo público se mantienen largo tiempo. Nos tememos que, por los antecedentes en los gobiernos anteriores del Partido Popular, ese será el caso.

El Grupo Parlamentario Socialista, partiendo de la conciencia de la necesidad de austeridad y desde la responsabilidad, como decía hace un momento, presenta un conjunto de enmiendas para su aprobación; y digo para su aprobación, porque pensamos honestamente que ofrecen un buen equilibrio entre la necesidad de austeridad pero también para cubrir las necesidades mínimas de los ciudadanos. Paso por ello a defender las enmiendas que mi grupo ha presentado. En primer lugar, elevamos la oferta de empleo público general del 0 % al 10 %. Es un porcentaje ciertamente modesto y excepcional, porque la coyuntura para este año así lo exige, pero para nada tiene que ser algo que se mantenga en el tiempo. Hacemos un esfuerzo de aplicar criterios muy estrictos de austeridad, pero buscamos al mismo tiempo priorizar y cubrir plazas allí donde sea necesario y evitar así la descapitalización de la Administración pública de nuestro país. Además, esta enmienda permitiría continuar con los procesos de consolidación de empleo respecto de funcionarios interinos que llevan muchos años prestando servicios en la Administración. En segundo lugar, elevamos la oferta de empleo público para aquellos sectores exceptuados, por considerarlos prioritarios, del 10 al 30 %. Para garantizar la prestación de los servicios esenciales fijados en el 23.1.2, es necesario que al menos las ofertas incluyan el 30 % de las vacantes, siendo conscientes de que continúa siendo un porcentaje insuficiente. En tercer lugar, añadimos dos sectores que el Gobierno no ha incluido como prioritarios, entiendo que por descuido, y pensamos que debe ser un descuido porque son necesidades evidentes para la ciudadanía, evidentes para todas sus señorías. Por un lado, la Administración de Justicia, de acuerdo con la Ley 38/1988, de Demarcación y de Planta Judicial. Es claro que el servicio público judicial no está a la altura de las necesidades de los ciudadanos y, por tanto, no tiene ningún sentido que se les aplique un 0 % de la tasa de reposición, es decir, cubrir cero de las vacantes que se produzcan en este sector. Por otro lado, el segundo gran ámbito que pensamos que debería incluirse y, por tanto, que se le aplicara este 30 % de tasa de reposición es el sistema de ciencia y tecnología, es decir, universidades públicas, organismos públicos de investigación y la Agencia Estatal CSIC, en cuanto a su personal docente e investigador, porque la pérdida de capital humano en este sector no podría recuperarse en el futuro por un mero aumento de recursos, por lo que es preciso evitar que esta pérdida irrecuperable se produzca. De ello depende en parte el futuro de nuestro país. Finalmente, proponemos una nueva disposición adicional con el objetivo de que el Gobierno presente en el Congreso de los Diputados, anualmente, un estudio de necesidades de recursos humanos de la Administración General del Estado tras un intenso y riguroso estado de la situación de las plantillas de personal. Si queremos que la oferta de empleo público de las administraciones públicas responda a criterios de racionalidad, equilibrio, proporcionalidad, austeridad y garantía de funcionamiento de los servicios públicos para los ciudadanos es imprescindible contar con esta información. Ya no solo que cuente con ella este Congreso de los Diputados, sino que la propia Administración pueda tener estos datos con claridad.

Para terminar, querría hacer alusión también a la enmienda 797, referida a la prohibición de las aportaciones a planes de pensiones recogida en el artículo 22 de la ley de presupuestos. Por lo que he entendido en el debate y en la intervención del señor Azpiazu, es equiparable a una enmienda presentada por el PNV. En esta prohibición de aportar cantidades a estos planes de pensiones no se especifica que afecte solo a planes de pensiones destinados a la cobertura de la contingencia de jubilación, que es el objetivo, por lo que quedan también prohibidas las aportaciones a la cobertura de otras contingencias, de riesgos como la invalidez o el fallecimiento. Así, algunos empleados públicos no solo se verán afectados por no recibir aportaciones a planes de jubilación estrictamente sino que también quedarán sin cobertura las otras contingencias. Por tanto, pedimos al Gobierno y al grupo parlamentario que le da suporte, al Grupo Popular, que modifiquen este grave error generador de discriminación y que acepten la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Gracias.

(Intervención en pleno - Día 21 de mayo de 2012)

El Gobierno no respeta los Estatutos de Autonomía

Tanto la sección 32 como la 33 de este proyecto de Presupuestos Generales del Estado son reflejo de las líneas generales de todos los presupuestos. Carecen de una estrategia de crecimiento, sin construir las bases para el cambio del modelo productivo —de hecho, en lo que va de legislatura no ha habido ninguna reforma estructural de esas que tanto nos hablan—, contribuyen a generar desconfianza, una desconfianza que en este caso se refleja o se traslada al sector público, y aplican una austeridad indiscriminada, lineal, no selectiva, y por tanto afectando a inversiones estratégicas para el futuro de nuestro país. Dicen que son unos presupuestos excepcionales para una coyuntura, pero las medidas que contemplan son irreversibles. Estos presupuestos no responden a querer enfrentarse a una situación económica determinada, compleja, sino a una interpretación concreta de la realidad y, por tanto, a una concepción ideológica.

Decir incluso que no hay alternativa, como han manifestado algunos miembros del Gobierno desde esta tribuna a lo largo del día de hoy, responde a un planteamiento ideológico. Solo desde el determinismo, desde la convicción de poseer la verdad se pueden hacer estas afirmaciones. La política, por definición, tiene alternativa, porque la política se construye no con verdades, sino con diálogo y consensos y con cesión para aproximarse al otro. Si algo ha puesto de manifiesto la crisis económica es la reclamación de más política. Las expectativas de la ciudadanía crecen y la única manera de hacer frente a los miedos y a las inseguridades es con política. La ciudadanía reclama soluciones desde el sector público, soluciones negociadas y debatidas, de respeto, porque solo así se genera confianza y para eso, precisamente, necesitamos un sector público fuerte.

Señorías, la democracia es participación deliberativa, como diría Habermas, y esto significa lenguaje, intercambio inteligente de argumentos y contraste de los mismos mediante razonamientos participados. Qué mejor sitio que el Parlamento para plasmar esta participación deliberativa. Qué mejor política que la de respetar los acuerdos votados por esta Cámara. En este sentido, el Grupo Parlamentario Socialista cree necesario empezar dando cumplimiento a las previsiones contempladas en los estatutos de autonomía sobre inversiones del Estado y grandes actuaciones territoriales.

Para dar cumplimiento a las previsiones establecidas en los estatutos de autonomía de Andalucía, de Aragón, de Castilla y León, de Cataluña, de Extremadura y de las Illes Balears sobre inversiones del Estado, se ha optado por establecer un crédito global ampliable de 1.250 millones de euros, adjuntando los respectivos anexos de inversiones para cada una de las comunidades autónomas citadas. Asimismo, se han habilitado dos nuevas disposiciones adicionales. Una, para dar cumplimiento a las previsiones establecidas en el Estatuto de Andalucía sobre inversiones del Estado en lo relativo a las desviaciones definitivas en la ejecución de las inversiones del Estado en los ejercicios 2008 y 2009, que han sido certificadas por la Intervención General del Estado en un total de 1.504.540.000 euros. Y otra con el mismo objetivo, para cumplir el Estatuto de Cataluña, por un importe de 978 millones de euros. Por otro lado, se ha establecido mediante enmienda al articulado una nueva disposición adicional para cumplir con la denominada deuda histórica en Extremadura, que deberá determinarse antes del 28 de agosto del presente año. Finalmente, se ha recuperado un crédito de 43,2 millones de euros para las actuaciones a realizar por la Administración General del Estado directamente o mediante convenio en la Comunidad Autónoma de Canarias, en cumplimiento de lo establecido en materia de inversiones en la Ley 19/1994, de modificación del régimen económico y fiscal de Canarias. Estas enmiendas que acabo de presentar en nombre del Grupo Parlamentario Socialista buscan la cooperación entre administraciones y piensan en los ciudadanos de nuestro país desde el fortalecimiento de su organización territorial y de sus instituciones públicas.

El incumplimiento en este proyecto de presupuestos de los estatutos de autonomía no es inconstitucional. No es un problema de inconstitucionalidad, sino que es un ataque político de primera magnitud a las instituciones democráticas de nuestro país, a lo aprobado por las Cortes Generales, a lo aprobado por los parlamentos autonómicos respectivos y, en algunos casos, incluso a lo votado por la ciudadanía en referendo. Les recuerdo cuando su grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular, pedía desde esta tribuna el cumplimiento de las proposiciones no de ley. Supongo que cumplir las proposiciones no de ley en la oposición, sí, pero cumplir las leyes orgánicas en el Gobierno, no.

En definitiva, señorías, con estas enmiendas no se trata solo de dar cumplimiento jurídico a las normas institucionales básicas de las comunidades autónomas, que además son leyes orgánicas, sino de apostar por el respeto a estos pactos y a estos acuerdos, de apostar por la lealtad institucional entre la Administración General del Estado y las administraciones autonómicas como partes de este Estado. Debilitar las comunidades autónomas, cuestionarlas, gestionarlas mal y engañar desde ellas es debilitar al propio Estado. Curiosamente, ahora escuchamos al secretario de Estado de Administraciones Públicas, exconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid, que nos quiere dar lecciones y amenaza con intervenir a las comunidades autónomas cuando él desde su posición de consejero de Economía no dejó las cuentas de su comunidad autónoma especialmente claras.

Termino, señor presidente. En un momento de crisis económica en el que hay más miedos y más incertidumbres que nunca, más desigualdad, más marginación, menos cohesión social y más necesidades solo hay un camino: más política. Hacer caso omiso a los pactos políticos es debilitar la política y esa es también una opción ideológica que reflejan estos Presupuestos Generales del Estado. Gracias.
(Intervención en Pleno -  Día 22 de mayo de 2012)